El director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la provincia, Emilio Mustafá, denunció públicamente un episodio de violencia policial ocurrido en el Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA) del barrio La Costanera. Según relató a LA GACETA, agentes armados ingresaron al dispositivo estatal mientras dos jóvenes finalizaban una sesión terapéutica, interpretando como “actitud sospechosa” que los chicos regresaran al establecimiento al ver el patrullaje.
“El dispositivo policial, conocido como "trencito", irrumpió con siete motos y cinco policías armados, incluso con pistola en mano, en un espacio donde trabajábamos con niños y adolescentes. Había nenes de 10 años en plena actividad deportiva. La intervención los asustó mucho”, sostuvo Mustafá.
El funcionario destacó la intervención del equipo del CEPLA, que explicó a los uniformados que los jóvenes estaban en tratamiento por consumo problemático y que hacía tres días habían dejado de consumir para ser derivados a un dispositivo terapéutico. “Se violó una institución del Estado, en este caso de salud mental, por parte de otro sector del Estado. Esto no puede pasar”, remarcó.
Mustafá pidió a la Policía que diferencie entre narcotraficantes y personas con adicciones: “Una persona que consume no es un delincuente, es un enfermo que necesita ayuda. Nosotros también estamos luchando contra el narcotráfico, pero desde otra perspectiva: prevenimos el consumo y trabajamos para que los chicos no entren en ese circuito”.
En ese sentido, se ofreció a capacitar a las fuerzas de seguridad sobre abordaje de adicciones y salud mental. “Esta problemática es compleja y requiere coordinación. Hay que respetar la institucionalidad y los derechos de las personas en tratamiento. El amedrentamiento no es la solución”, dijo.
El funcionario señaló que el impacto de este tipo de operativos sobre jóvenes y niños de barrios vulnerables es profundo. “Muchos ya vienen de situaciones de violencia y marginación, y lo que hacemos en el CEPLA es brindar un espacio de cuidado. No podemos permitir que se vulnere ese trabajo”.
Mustafá afirmó que cuenta con el respaldo del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien se comunicó con la cartera de Seguridad tras el hecho para “pulir” procedimientos. “Queremos que la Policía haga su trabajo y que todos los que venden drogas estén presos, pero apuntando a donde realmente hay que apuntar. El combate al narcotráfico no se hace atropellando los derechos de quienes están en tratamiento”, cerró.